El pleno del Parlamento catalán ha aprobado una proposición de ley impulsada por Junts per Catalunya que permite que los ayuntamientos puedan instar el desahucio de una vivienda ocupada de forma ilegal en casos en los que los dueños sean grandes propietarios (que tengan en propiedad 10 o más pisos) y que éstos no se hagan cargo de iniciar el desalojo por vía judicial. Esta nueva norma tiene el visto bueno de las inmobiliarias de Cataluña, aunque lamentan que el texto aprobado haya restado capacidad de maniobra a las comunidades de propietarios.
La nueva norma, tramitada de urgencia por lectura única, ha contado con el apoyo de PSE, ERC, Junts y Ciudadanos, el voto en contra de CUP y comuns, y la abstención de Vox y PP.
El texto inicialmente contemplaba que las comunidades de vecinos también pudieran impulsar por iniciativa propia el procedimiento de denuncia para el desahucio de viviendas okupadas en las que hubiera problemas de “alteración de la convivencia”, pero la norma finalmente no contemplará esta posibilidad. Un hecho que lamentan los API de Cataluña. Sin embargo, las inmobiliarias aplauden la aprobación y celeridad con la que se ha tramitado la norma ya que da instrumentos a las administraciones públicas para actuar ante la ocupación ilícita de viviendas en aquellos casos en los que se producen situaciones de alteración de la convivencia vecinal.
Carles Sala, portavoz y responsable jurídico de los API de Cataluña: «Ha faltado valentía para dar confianza a las comunidades de propietarios para que puedan actuar directamente en los juzgados».
Tal y como recuerdan desde el organismo, los colectivos de profesionales de la propiedad inmobiliaria (COAPI de Barcelona-AIC) impulsan y velan por que los propietarios mantengan la función social de la vivienda, para que ésta se utilice con la finalidad para la que fue prevista y para evitar estas utilizaciones anómalas que acaban repercutiendo negativamente en la calidad del estado del bienestar. «A menudo, determinados grandes tenedores se desentienden de estas ocupaciones ilegales porque su titularidad del inmueble es circunstancial», asegura el experto.
Con esta ley los consistorios podrán iniciar la acción judicial para desahuciar a los okupas. Según la Generalitat, grandes propietarios y bancos no emprenden en muchas ocasiones ninguna acción en los tribunales, lo que hasta dificultaba la acción de los cuerpos policiales.
Con la modificación, las administraciones podrán pedir la tramitación. Siempre tras advertir a los dueños de los inmuebles, que tendrán un mes para responder a la petición. Para ellos habrá multas de entre 9.000 euros y 90.000 euros en caso de hacer caso omiso a los requerimientos, deberán sufragar los costes del desahucio y podrían llegar a perder la vivienda, que sería cedida a la autoridad competente de la zona para destinarse a uso social.
Cataluña aglutina el 42% de casas okupadas
Cataluña es la región de España donde más ocupación hay, al aglutinar algo más del 42% de todas las casas okupadas del país. En el primer semestre de 2022 y según datos del Ministerio del Interior, hubo 4.341 viviendas okupadas, lo que supone un 6,42% menos que el año anterior.
La autonomía catalana no solo es actualmente la que lidera los casos de okupaciones, sino también donde surgen fenómenos que se replican después en diferentes partes de España. Uno de ellos es el uso de la bautizada ‘técnica de la pizza’, que permite a los okupas disponer de un ticket antes de entrar a la vivienda para justificar posteriormente que están residiendo en ella y evitar así el desalojo inmediato por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta táctica se lleva sucediendo en Cataluña desde 2018, aunque en los últimos años se ha propagado a otras partes del país.
La comunidad también ha sido el escenario de una investigación judicial que ha desvelado que las mafias especializadas en la okupación de viviendas se embolsan miles de euros gracias a los pactos a los que llegan con los grandes propietarios, como bancos o fondos de inversión, para abandonar los inmuebles a cambio de percibir una compensación económica.
Fuente idealista.com
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