Permite deducir más por una vivienda heredada o donada en alquiler
El Tribunal Supremo ha dado una alegría a aquellos contribuyentes que tengan viviendas en alquiler procedentes de una herencia o donación
El Tribunal Supremo ha dado una alegría a aquellos contribuyentes que tengan viviendas en alquiler procedentes de una herencia o donación. En contra de la interpretación de la Agencia Tributaria, ha declarado en una sentencia del pasado 15 de septiembre, que el gasto en concepto de amortización, que los contribuyentes pueden deducir en su IRPF, debe calcularse sobre el valor real de la vivienda, declarado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD), y no sobre el valor de los gastos y tributos satisfechos por la adquisición, tal y como estimaba Hacienda. Esto en la práctica significa que el contribuyente puede deducirse más importe.
“La amortización del inmueble es uno de los gastos más habituales que pueden deducirse los contribuyentes que obtienen rendimientos por el arrendamiento de un inmueble. Se trata además de una cantidad aplicable cada año, que se calcula sobre el valor de la construcción (los terrenos no se amortizan). Y que, dependiendo del valor del inmueble, puede tener una cuantía interesante”, señala José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico.
En concreto, la Ley del IRPF permite deducirse el 3% del coste de adquisición satisfecho o del valor catastral. El problema surge cuando el inmueble se adquirió por herencia o donación, con lo que no hubo un precio de adquisición como tal. De hecho, Hacienda y los Tribunales mantienen posiciones contradictorias al respecto y en especial, sobre el “coste de adquisición satisfecho”.
Para Hacienda “el coste de adquisición satisfecho” en una vivienda heredada o donada es el coste pagado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en la Plusvalía municipal, en los gastos de notaría, registro, etc. Por tanto, la amortización del 3% se aplicará sobre el mayor de los gastos y tributos o del valor catastral del inmueble.
Pero, en cambio, el Supremo y algunos Tribunales, como el Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana o el del País Vasco, sostienen un criterio distinto: consideran que “el coste de adquisición satisfecho” debe ser “el valor declarado por el bien a efectos del Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, más los gastos de la adquisición, tal y como recuerda Salcedo.
También el TEAR de Valencia era favorable a esta interpretación, y en los últimos meses, venía anulando las liquidaciones dictadas por la Agencia Tributaria, en las que se impedía a los contribuyentes amortizar el valor del inmueble conforme al valor declarado en el ISyD. Paralelamente, dicho Tribunal estimaba también las solicitudes de rectificación del IRPF, planteadas por este motivo.
Aunque el asunto estaba en la mesa del Alto Tribunal, Hacienda no ha esperado a conocer la decisión del Tribunal Supremo y se ha dedicado a iniciar procedimientos sancionadores a muchos contribuyentes que amortizaban sus inmuebles conforme al valor declarado en el ISyD. El fisco alegaba que “se apreciaba una omisión de la diligencia exigible ya que la normativa regula de forma expresa los requisitos exigidos para que los gastos sean fiscalmente deducibles sin que esta conducta se pueda amparar en una interpretación razonable de la norma. No existe un error involuntario ni una simple discrepancia de criterios acerca del contenido y alcance de la disposición lo que demuestra el elemento intencional entendiéndose cometida la infracción.”
La amortización debe calcularse sobre el valor declarado en el ISyD
El Supremo ha inclinado la balanza a favor del ciudadano, desestimando el recurso de casación presentado por la Administración tributaria. La oposición a dicho recurso ha sido llevada a cabo por el abogado José María García Guirao, socio del departamento fiscal Devesa y Calvo Abogados.
El Tribunal Supremo considera, en primer lugar, que el concepto amortización va unido al valor del bien, y a su recuperación. Y ello, independientemente de que, para adquirir el inmueble, haya sido necesario realizar o no una inversión. Así, el Alto Tribunal declara que «considerar que la amortización sólo comprende los gastos y tributos asumidos por la adquisición del inmueble, es desconocer el significado del término amortización».
En segundo lugar, recuerda el Tribunal Supremo que «la Ley expresamente pone en relación dos valores resultantes, no un valor, el catastral, con los estrictos gastos y tributos satisfechos para adquirir el bien inmueble que, mire como se mire, en absoluto incorpora un valor de dicho bien inmueble.» Por tanto, la finalidad de la norma es comparar valor de adquisición y valor catastral, sin distinguir, en el primer caso, si la adquisición fue a título oneroso, o gratuito.
Con esta sentencia, el Alto Tribunal fija doctrina de interés casacional en el sentido de que «la interpretación correcta del art. 23.1.b) de la LIRPF, es, tal y como se recoge en la sentencia de instancia, la que entiende que para calcular la determinación del rendimiento neto se deducirán las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su depreciación efectiva, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, y tratándose de inmuebles adquiridos a título gratuito en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos gravámenes.»
Cómo afecta a los contribuyentes
José María Salcedo señala que esta sentencia abre la puerta a que los contribuyentes puedan anular aquellas liquidaciones, notificadas por Hacienda, negándoles su derecho a deducir el gasto de amortización calculado sobre el valor del bien declarado o comprobado a efectos del ISyD, y que todavía estén en plazo de recurso, o con un recurso pendiente de ser resuelto.
“Además, la sentencia permitirá solicitar la rectificación de las autoliquidaciones presentadas en los últimos cuatro años, y la devolución de ingresos indebidos. Y ello, si en dichos ejercicios se practicó la amortización sin tener en cuenta el valor del inmueble declarado en el ISyD. En este momento, es posible todavía solicitar la rectificación de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y 2020”, sentencia el experto del despacho Ático Jurídico.
🇳🇱Le Suprême, en faveur du contribuable
Vous permet de déduire plus pour une maison héritée ou donnée à louer
La Cour suprême a donné de la joie aux contribuables qui ont des logements locatifs d’un héritage ou d’un don
La Cour suprême a donné de la joie aux contribuables qui ont des logements locatifs à partir d’un héritage ou d’un don. Contrairement à l’interprétation de l’Administration fiscale, elle a déclaré dans une phrase du 15 septembre, que la charge d’amortissement, que les contribuables peuvent déduire de leur impôt sur le revenu, doit être calculée sur la valeur réelle du logement, déclarée en Succession et Donations. Impôt (ISyD), et non sur la valeur des frais et taxes payés pour l’acquisition, telle qu’estimée par le Trésor. Cela signifie en pratique que le contribuable peut déduire plus de montant.
« L’amortissement du bien est l’une des dépenses les plus courantes pouvant être déduites par les contribuables qui tirent des revenus de la location d’un bien. C’est aussi un montant applicable chaque année, qui est calculé sur la valeur de la construction (le terrain n’est pas amorti). Et que, selon la valeur du bien, il peut avoir un montant intéressant », explique José María Salcedo, associé du cabinet d’avocats Ático Jurídico.
Concrètement, la loi sur l’impôt sur le revenu permet une déduction de 3% du coût d’acquisition satisfait ou de la valeur cadastrale. Le problème se pose lorsque le bien a été acquis par succession ou par donation, il n’y a donc pas eu de prix d’acquisition en tant que tel. En effet, le Trésor et les Tribunaux maintiennent des positions contradictoires à cet égard et notamment sur le « coût d’acquisition satisfait ».
Pour le Trésor public « le coût d’acquisition satisfait » dans un logement hérité ou donné est le coût payé en Droits de succession et de donation, en plus-value communale, en frais de notaire, d’enregistrement, etc. Par conséquent, l’amortissement de 3 % sera appliqué au plus élevé des frais et taxes ou de la valeur cadastrale de la propriété.
Mais, d’autre part, la Cour Suprême et certains Tribunaux, comme le Supérieur de Justice de la Communauté Valencienne ou celui du Pays Basque, retiennent un critère différent : ils considèrent que «le coût d’acquisition satisfait» doit être «le prix déclaré valeur de l’actif aux effets de l’héritage et de l’impôt sur les donations », plus les frais d’acquisition, comme le rappelle Salcedo.
La TEAR de Valence était également favorable à cette interprétation et avait annulé ces derniers mois les règlements émis par l’Agence des impôts, dans lesquels les contribuables étaient empêchés d’amortir la valeur de la propriété selon la valeur déclarée dans l’ISyD. Dans le même temps, ladite Cour a également examiné les demandes de rectification de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, soulevées à ce titre.
Bien que l’affaire ait été sur la table de la Haute Cour, le Trésor n’a pas attendu de connaître la décision de la Cour suprême et s’est consacré à engager des procédures de sanction contre de nombreux contribuables qui ont amorti leurs biens selon la valeur déclarée dans l’ISyD. Le Trésor a allégué qu’« il y avait eu omission de la diligence raisonnable puisque la réglementation réglemente expressément les conditions pour que les dépenses soient déductibles fiscalement sans que cette conduite puisse être protégée par une interprétation raisonnable de la norme. Il n’y a pas d’erreur involontaire ou une simple divergence de critères concernant le contenu et la portée de la disposition, ce qui montre l’élément intentionnel, comprenant que l’infraction a été commise. »
L’amortissement doit être calculé sur la valeur déclarée dans l’ISyD
La Cour suprême a fait pencher la balance en faveur du citoyen, rejetant le recours déposé par l’administration fiscale. L’opposition à cet appel a été menée par l’avocat José María García Guirao, associé du département fiscal Devesa y Calvo Abogados.
La Cour suprême considère, en premier lieu, que la notion d’amortissement est liée à la valeur de l’actif, et à sa récupération. Et ce, peu importe si, pour acquérir le bien, il fallait faire un investissement ou non. Ainsi, la Haute Cour déclare que «considérer que l’amortissement ne comprend que les frais et taxes assumés pour l’acquisition du bien, c’est méconnaître le sens du terme amortissement».
Deuxièmement, la Cour suprême rappelle que « la Loi rattache expressément deux valeurs résultantes, et non une seule valeur, la valeur cadastrale, aux strictes dépenses et taxes payées pour acquérir le bien immobilier qui, de quelque manière que vous l’envisageiez, n’incorpore aucunement un valeur dudit bien immobilier.» Dès lors, la règle a pour objet de comparer la valeur d’acquisition et la valeur cadastrale, sans distinguer, dans le premier cas, si l’acquisition était à titre onéreux ou à titre gratuit.
Par cet arrêt, la Haute Cour établit une doctrine d’intérêt en cassation en ce sens que «l’interprétation correcte de l’art. 23.1.b) de la LIRPF, est, comme indiqué dans le jugement d’instance, qu’elle comprend que pour calculer le détermination du revenu net, les sommes destinées à l’amortissement du bien et des autres biens qui lui sont cédés seront déduites, pour autant qu’elles répondent à sa dépréciation effective, dans les conditions qui sont déterminées par règlement, et dans le cas de les biens acquis à titre gratuit dans le coût d’acquisition satisfait est inclus dans la valeur du bien acquis en application des règles sur les droits de succession ou de donation ou sa valeur prouvée dans ces charges. »
Comment cela affecte les contribuables
José María Salcedo souligne que cette décision ouvre la porte aux contribuables à annuler ces règlements, notifiés par le Trésor, leur refusant leur droit de déduire la charge d’amortissement calculée sur la valeur de la propriété déclarée ou prouvée aux fins de l’ISyD, et qu’ils sont encore dans une période d’appel, ou avec un appel en attente d’être résolu.
« De plus, la peine permettra de demander la rectification des auto-évaluations présentées au cours des quatre dernières années, et le retour des revenus indus. Et ce, si dans ces années-là l’amortissement était pratiqué sans tenir compte de la valeur du bien déclarée à l’ISyD. A ce stade, il est encore possible de demander la rectification des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020 », explique l’expert du bureau Ático Jurídico.
Fuente idealista.com
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